Tipo de documento: DOCUMENTO

El sistema de salud atraviesa una crisis sin precedentes. A los problemas estructurales —para los que constantemente ponemos a disposición políticas públicas innovadoras— se le suman las consecuencias de los graves problemas económicos del país.

Nuestros profesionales de la salud reciben salarios paupérrimos, se ven forzados a trabajar una excesiva cantidad de horas, y día a día desempeñan sus tareas en condiciones que están muy lejos de ser las ideales. Cada vez perdemos más médicos y enfermeros que deciden emigrar a otros países de la región, donde perciben mejores remuneraciones y más incentivos para su formación.

Las dificultades para importar insumos, medicamentos y equipamiento no son hechos aislados. Es pan de cada día. Miles de pacientes cotidianamente sufren la postergación de tratamientos y cirugías. Esto implica que el sistema falle en la prevención, se agraven enfermedades y empeoren los pronósticos.

Las soluciones no pueden esperar al balotaje ni a que mejore el panorama macroeconómico. Todos los días nos enteramos sobre discapacidades, e incluso fallecimientos, que son evitables. La situación no da para más. Necesitamos operatividad, humanidad y vocación de diálogo de parte de las autoridades responsables.

Desde el Comité nacional de la Unión Cívica Radical, le exigimos al Gobierno que se haga cargo de la situación y le comunique a la sociedad la grave crisis del sistema de salud. Proponemos, además, una serie de medidas de carácter urgente:

1.- Promover un gran acuerdo nacional, a través de una mesa federal multipartidaria, intersectorial e interjurisdiccional, que reúna a los actores que intervienen en el sistema de salud, para garantizar una canasta prioritaria de bienes y servicios esenciales. Esta mesa presentará políticas a corto, mediano y largo plazo que persigan, a través de las reformas necesarias, restablecer un sistema de salud universal, accesible, eficiente, transparente, solidario, seguro, de calidad, y con rendimiento social y equitativo.

2.- Autorizar y facilitar la importación de insumos, con el objetivo de garantizar la provisión normal de medicamentos y equipamiento sanitario. Implementar las medidas necesarias para su regularización urgente.

3.- Disponer incentivos para los profesionales de la salud de los sectores público y privado de los hospitales nacionales, provinciales y municipales, traducidos en bonos especiales.

5.- Definir un piso de honorarios y salarios mínimos para todos los profesionales de la salud.

6.- Actualizar las partidas presupuestarias y fortalecer todos los programas nutricionales,especialmente aquellos que abarcan desde el nacimiento hasta los mil días del niño o niña.

No nos resignamos a que el sistema de salud de la Argentina, que supo ser un modelo, se caiga a pedazos ante la inacción política y la falta de sensatez. No aceptamos que la ciudadanía sea víctima de la incertidumbre y la especulación.

La salud es un derecho. La salud no se posterga.

Tipo de documento: DOCUMENTO

Este 12 de octubre se cumplen 60 años de la llegada de Arturo Umberto Illia y de la Unión Cívica Radical a la presidencia de la Nación, una gestión que estuvo caracterizada por logros que nunca antes había tenido la Argentina y que hoy hay que revalorizar en toda su dimensión.

En efecto, durante ese gobierno que en 1966 fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía se sancionó una ley que fijaba precios máximos a los medicamentos producidos por los laboratorios extranjeros -entre otras regulaciones que permitían que la población accediera a la salud- impulsada por el ministro de Salud, Arturo Oñativia y que se conoció como Ley Oñativia y la educación tuvo un peso significativo en el Presupuesto Nacional, llevándolo del 12% en 1963 al 23% en 1965.

En el plano económico, tuvo saldo favorable en la balanza de pagos, creció el Producto Bruto Interno y la participación de los salarios de los trabajadores en él.

También, se incrementaron las reservas de oro, disminuyó la inflación y bajó la deuda externa.

El 15 de junio de 1964 se publicó en el Boletín Oficial la ley 16.459, del salario mínimo, vital y móvil, previa a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes del Gobierno, los empresarios y los sindicatos, una medida que fue revolucionaria para la época.

En el plano internacional Illia tomó la decisión de no enviar militares a participar de la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana, lo que causó malestar en Washington y en los sectores castrenses propensos a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y en 1965 se reconoció mediante la resolución 2065, la condición de territorio colonial de las Islas Malvinas en poder de Gran Bretaña, y exhortaba a Argentina y al Reino Unido a iniciar negociaciones para resolver la cuestión de la soberanía de los archipiélagos del Atlántico Sur.

El 27 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas le comunicaron al Presidente que “lo mejor era renunciar”, algo que rechazó de plano con el intento de destituir a Pascual Pistarini como jefe del Ejército, una orden que los mandos militares desconocieron. En la noche, fuerzas policiales rodearon la Casa Rosada mientras Illia permanecía en su despacho junto a un grupo de colaboradores, y pasadas las 5 de la madrugada, el general Julio Alsogaray ingresó a la sede gubernamental para exigir la renuncia de un jefe de Estado cercado por el autoritarismo.

Ese contexto autoritario se cristalizó en revistas como Extra, Todo, Panorama, Tía Vicenta y Confirmado, que publicaron duros editoriales contra el gobierno en los que describían a Illia como a una tortuga y se sustentó también, en la conducción de la CGT, liderada por  Augusto Timoteo Vandor, que lanzó un amplio plan de lucha con huelgas y movilizaciones.

Hoy, a sesenta años de aquél gobierno popular, la Unión Cívica Radical renueva su compromiso con la gente y la convoca a renovar la esperanza: la llama de aquella gestión está más viva que nunca, estará presente en el nuevo gobierno que administrará la Nación a partir del próximo 10 de diciembre y que tendrá a la UCR como un actor de vanguardia para resolver los problemas de los argentinos.

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Tipo de documento: RESOLUCIÓN DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE LA UCR

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que a pesar de que en los últimos años se ha incrementado la visibilidad de las desigualdades de género, este proceso no se limita únicamente a las leyes y programas promovidos por el Estado, sino que también involucra la conciencia de la población frente a situaciones y movimientos que generan impacto, como el caso emblemático de convocatoria masiva conocida como “Ni Una menos en 2015. Sin embargo a ocho años de esa movilización masiva a favor de la eliminación de las violencias hacia mujeres, adolescentes y niñas, seguimos viviendo en una sociedad mayoritariamente patriarcal, una construcción cultural arraigada desde siglos, que se sostiene y se reproduce mediante estereotipos, ideas preconcebidas y creencias que influyen en el funcionamiento de la sociedad. Todos y todas estamos afectados por esta realidad.

Que el poder patriarcal, hegemónico, no se manifiesta comouna única entidad o institución, sino que se extiende a través de lazos que a lo largo de todo el entramado social pretende sostener estándares de discriminación, desigualdades y violencias hacia las mujeres, vulnerando sus capacidades civiles y la efectivización de sus derechos.

Que la violencia machista es un problema extendido que se lleva a cabo en todos los ámbitos que transitan las mujeres políticas, no sólo en los espacios partidarios. Las mujeres políticas son víctimas de múltiples agresiones debido a su género, lo que obstaculiza su plena participación en la toma de decisiones, refuerza los roles tradicionales de género, socava la calidad de la democracia y el pleno disfrute de los derechos humanos.

Que es necesario abordar este problema a través de la implementación de un protocolo de actuación que se enfoque en la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación por género u orientación sexual en el ámbito político. Esto contribuirá a construir espacios libres de discriminación y violencia, promoviendo la igualdad y formación de cuadros políticos con perspectiva de género. Con estas acciones se busca generar conciencia, mejorar la democracia participativa para construir una democracia verdaderamente paritaria.  

Que existen leyes nacionales y tratados de derechos humanos que prohíben la violencia y discriminación contra las mujeres en función de su género y obligan a los Estados a diseñar e implementar políticas públicas para su eliminación.

Que además las personas que eligen una identidad de género o sexual diferente a la asignada al nacer, o que expresan una orientación sexual distinta no heterosexual, también enfrentan diversas formas de violencia y discriminación y que se han establecido internacionales normas para proteger sus derechos

Que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos cuanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre enuncian el derecho inalienable de todo ser humano a vivir una vida en la que se respete la integridad física, psíquica y moral, garantizando la igualdad ante la ley y la protección legal sin distinciones personales.

Que la no discriminación es un principio fundamental en diversos instrumentos de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional. Y que sus  cláusulas exigen que los Estados respeten y garanticen los derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica, para todas las personas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Que eso compromete a los Estados a velar por que la legislación y las políticas públicas no sean discriminatorias. Que el derecho a no ser objeto de discriminación está expresamente protegido en el artículo 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 2° del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 2°de la Convención sobre los Derechos del Niño y el articulo 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que en la Argentina se ha implementado a través de la Ley Nacional Contra Actos Discriminatorios, N° 23.592.

Que la violencia y la discriminación contra las mujeres basadas en su género, están contempladas en instrumentos que obligan al país, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para) y la Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, No 26.485, y su Decreto de Reglamentario No 1011/2010.

Que la CEDAW define la discriminación  como  "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art. 1) y  que la Convención de Belem Do Para además establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado e incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación (artículo 6°).

Que la Ley N° 26.485 define la violencia contra las mujeres como "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económicas o patrimonial, como así también su seguridad personal' (artículo 4°), quedando comprendidas las cometidas desde el Estado o por sus agentes.

Que en cuanto a los tipos de violencia, el artículo 5° describe a la violencia sexual como "Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo (. ..) acoso, abuso sexual (.. .)" y el artículo 6° define las modalidades en que se manifiestan los distintos tipos de violencia, quedando comprendida "b) la violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.

Que, en el ámbito regional, la Convención lnteramericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia del año 2013 también condena la discriminación y establece que puede basarse en motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género

Que la Resolución N° 2807/2013 sobre Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, de la Asamblea General de la OEA resuelve "1) Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género” instando a los Estados a eliminar barreras y fortalecer la protección judicial en condiciones de igualdad para el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada. Y garantizando que los responsables de violar estas reglas enfrenten las consecuencias ante la justicia.

Principio del formulario

Que la ley 27.580 -que ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo- nuestro país asumió el compromiso de efectuar políticas públicas y adoptar medidas para prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, entre ellas la violencia por cuestiones de género y el acoso sexual. Por su parte, la Recomendación n° 206 de la O.I.T. ofrece una serie de medidas y actos que permitirán cumplir con el referido Convenio, entre las que se encuentran la elaboración de programas destinados a abordar los factores que aumentan la probabilidad de violencia y acoso en el mundo del trabajo como la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y la persistencia de estereotipos y roles que fomentan la violencia y el acoso, y la elaboración de modelos de repertorios de recomendaciones prácticas.

Que, en virtud todo lo expuesto y del compromiso asumido con los derechos humanos y en especial en los tiempos que corren, con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, disidencias identitarias o genero divergentes que la Unión Cívica Radical implementa un protocolo educativo para erradicar, prevenir y sancionar la violencia por razones de género en todos sus tipos y modalidades y la discriminación por género u orientación sexual de sus empleadas y empleados, y afiliadas y afiliados.

Por ello,  

LA HONORABLE CONVENCIÓN NACIONAL

DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ERRADICAR, PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL EN EL ÁMBITO PARTIDARIO” que se acompaña como ANEXO I.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Comité Nacional, a la Organización Nacional de la Juventud Radical, a la Organización Nacional de Franja Morada, a la Organización de Trabajadores Radicales, a la Unión Cívica Radical Diversidad, al Foro de Intendentes Radicales, a la Justicia Nacional con Competencia Electoral y a todos los distritos. Publíquese en la página web partidaria.

ANEXO I

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ERRADICAR, PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL EN EL ÁMBITO PARTIDARIO

ARTÍCULO 1°. Compromiso y Ámbito de aplicación. La Unión Cívica Radical (UCR) reafirma su compromiso contra la violencia de género y su determinación de promover la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres y personas de la diversidad con el objetivo de erradicarla, a través de este protocolo de actuación que rige las relaciones interpersonales dentro de la UCR.

La aplicación del presente protocolo no suple las acciones y/o denuncias judiciales que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 2°. Sujetos. Este protocolo alcanza a autoridades, empleadas/os, afiliadas/os, adherentes o terceros en vínculo circunstancial con el partido, dentro del ámbito político partidario de la Unión Cívica Radical.

ARTÍCULO 3°. Conductas alcanzadas. E Protocolo aplica para todos los actos y situaciones de violencia contra las mujeres y todos sus tipos, art. 4 y 5 de la ley 26.485 y sus modificatorias por Ley 27.533 de acoso callejero, Ley 27.501, además de la 26.061 de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo alcanza a todas las conductas de discriminación motivadas en el sexo y/o género de la persona, orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género que tengan por objeto o resultado excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos dentro del ámbito político partidario.

Las situaciones y actos señalados pueden llevarse a cabo por cualquier medio comisivo, incluyendo la omisión y pueden dirigirse a una persona en particular o referirse de manera general a un grupo o población.

Quedan comprendidas también:

ARTÍCULO 4°. Contexto de realización. Las situaciones comprendidas en el artículo anterior podrán llevarse a cabo en cualquiera de los espacios o medios descritos a continuación:

ARTÍCULO 5°. Objetivos. Prevención de la Violencia de Género.

La UCR implementará medidas de prevención de la violencia de género:

Atención y Protección a las Personas Denunciantes:

Estudios y análisis de políticas y programas para erradicar la violencia de genero

ARTÍCULO 6°. Principios rectores.

ARTÍCULO 7º. Implementación. Para el cumplimiento de los fines y objetivos planteados en el presente protocolo se creará una Oficina especializada contra la violencia de género, acoso sexual, discriminación por género u orientación sexual de la UCR Nacional. La Oficina tiene por objeto asesorar a las distintas oficinas o dependencias similares a los fines de la construcción e implementación de los distintos protocolos que aprueben las autoridades distritales.

Tendrá a su cargo las siguientes funciones:

Las personas responsables de la oficina interviniente deberán contar con formación necesaria en derechos humanos con perspectiva de género y de diversidad. Las mismas serán designadas por la Mesa Directiva del Comité Nacional

ARTÍCULO 8º. Autoridad de aplicación. Las Oficinas o dependencias de los distintos distritos son las encargadas de la aplicación de este Protocolo y deberá cumplir con, al menos, las siguientes acciones:

ARTÍCULO 9°. Modalidades de intervención y trámite. Procedimiento.

El protocolo tendrá jurisdicción conforme a los establecido por la carta Orgánica.

Si hubiere un caso de materia nacional sera tratado por el protocolo nacional. Si existiere protocolo provincial, la persona denunciante deberá radicarla ante la jurisdicción local pertinente. Cuando no existiere protocolo provincial o la persona denunciante consideraseque por razones que atentan contra su seguridad para la administración justa de su denuncia podrá hacerlo ante La Oficina.

Las consultas y/o comunicaciones se realizarán por las siguientes vías:

La comunicación presentada en La Oficina correrá traslado a la persona señalada como responsable para que un plazo de 10 días hábiles realice el descargo correspondiente.  

Si las medidas o recomendaciones son de tipo preventivas, reeducativas o de reparación moral, es ella quien las dispone.

Si las recomendaciones pretenden una sanción, y de acuerdo con la Carta Orgánica de la UCR, deberá darle intervención al Tribunal de Ética para su tratamiento sin más trámite por parte de la denunciante.

Si la situación expuesta habilita la vía judicial la persona consultante podrá hacer uso o no de esa instancia cuando ella lo considere necesario, pero en ningún caso las acciones que deban tramitarse en el marco del procedimiento disciplinario partidario podrán hacerse depender del inicio o del resultado de las acciones civiles y/o penales.      

La transgresión de medidas preventivas será considerada una nueva falta a informar a las autoridades partidarias y al Tribunal de Ética.

ARTÍCULO 10. Cláusula transitoria. El presente protocolo tendrá un periodo de monitoreo, evaluación, relevamiento e investigación de 6 meses desde la fecha de su aprobación. Cumplido ese período este protocolo se actualizará, en el marco de la Mesa directiva, de acuerdo a los resultados obtenidos y observados. Durante esos 6 meses  La Oficina diseñará un proyecto de criterios para la toma de medidas y recomendaciones.

Por último, se invita a las provincias a adherir al presente protocolo.

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Tipo de documento: DOCUMENTO

Comunicado de la UCR  sobre la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Los y las radicales de todo el país pedimos justicia por Cecilia Strzyzowski y su familia.
Acompañamos la resistencia de todas las mujeres chaqueñas que están marchando con valentía, pidiendo Justicia. 

A 40 años de la restauración democrática es intolerable cualquier desaparición en nuestro país y, luego de las luchas de las mujeres argentinas contra la violencia y femicidios, lo que está ocurriendo en Chaco afecta a todas las argentinas y argentinos.

Hacemos nuestras las expresiones de Juntos por el Cambio chaqueño de que “no va a permitir que el gobernador y su gabinete intenten avasallar la independencia de la Justicia y su funcionamiento con presiones y aprietes propios de un accionar mafioso”.

Igualmente, exigimos la inmediata intervención del ministerio de la Mujer y la movilización de su inmensa estructura para dar con Cecilia Strzyzowski. Deben salir de la complicidad y encubrimiento a la que nos condenó el kirchnerismo.

La UCR está lista para movilizarse con ese propósito con otras fuerzas políticas y sociales y toda la ciudadanía.

Tipo de documento: DOCUMENTO

El pasado lunes 12 de junio en Parque Norte la Honorable Convención Nacional de la UCR aprobó el Protocolo de Actuación para Erradicar Prevenir y Sancionar la Violencia y Discriminación por Razones de Género u Orientación Sexual en el Ámbito Partidario.

Desde la UCR explicaron que: "El protocolo es una herramienta que contribuirá a construir espacios libres de discriminación y violencia, promoviendo la igualdad y formación de cuadros políticos con perspectiva de género.

Acciones, que buscan generar conciencia y mejorar la democracia participativa para construir una democracia verdaderamente paritaria".

En la redacción del instrumento los convencionales tomaron como referencia distintas normativas sobre la materia como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue aprobada en nuestro país en el año 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y posee rango constitucional desde 1994, justamente a propuesta de la UCR.

También fueron contempladas la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para) y la Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, No 26.485, y su Decreto de Reglamentario No 1011/2010.

La aprobación del protocolo, explicaron desde el partido forma parte "del compromiso asumido por la UCR con los derechos humanos, y en especial en los tiempos que corren, con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, disidencias identitarias o genero divergentes"