REFORMA UNIVERSITARIA: UNA LEY CON SENTIDO REVOLUCIONARIO
"Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan", estamparon los reformistas hace casi un siglo. Los dolores que hoy nos quedan, en materia de educación superior, sin dudas están en la falta de una legislación que ponga los principios reformistas al servicio de las demandas y desafíos del sistema universitario actual.
Una nueva ley de educación superior es prioritaria para la UCR que, como partido político nacional, lleva en alto los ejes de la Reforma Universitaria Argentina. Con acciones que coadyuven al logro de la pertinencia social de la universidad, que no solo proviene ni suponen exclusivamente las demandas del mercado, nuestro Partido reclama un debate profundo y serio del conjunto de las fuerzas políticas.
El sentido transformador de la Reforma se inscribe en su estatus de verdadera revolución, cuyo vigencia perdura, y se mantiene como guía para toda América Latina.
Con la mejor tradición autónoma de las universidades argentinas que supone una concepción contemporánea que reúne en la misma institución dos actividades básicas de la sociedad civil actual: la transmisión de saberes del nivel más alto, así como la creación de conocimientos originales en las diferentes disciplinas, el Radicalismo busca preservar del modo más completo esa autonomía. Así el Estado debe conferirle mediante sus leyes la facultad para organizarse y darse a sí misma sus propios estatutos, forma de gobierno y elección de sus autoridades.
La autonomía de las universidades públicas como instituciones sociales dedicadas a la producción y difusión de conocimientos tiene como contracara la responsabilidad de dar respuestas a la sociedad acerca de cómo incrementar la cantidad y la calidad de la producción científica; favorecer la participación de todos sectores en programas de crecimiento; desarrollar nuevos instrumentos para acercar sus acciones al mundo del trabajo y transferir conocimientos al Estado para la formulación e implementación de políticas públicas.
La educación superior actual impone una necesaria garantía de la calidad; la potestad exclusiva de las instituciones universitarias para el otorgamiento tanto de títulos habilitantes de grado, como de posgrado; el impulso a la innovación, el fomento y el desarrollo de un sistema tendiente a la mejora de la calidad educativa; y la jerarquización del papel primordial en la democratización de este nivel de enseñanza.
En ese sentido, una real igualdad de oportunidades y posibilidades educativas debe atender al problema de la permanencia de los estudiantes en el sistema y el logro de niveles de calidad equivalentes en distintas instituciones. Además, debe promover a mejorar los mecanismos de vinculación entre la universidad y la sociedad, fomentar la integración sistemática de las universidades en las redes de actores para el desarrollo local a través de acciones de extensión y voluntariado social universitario; e impulsar la transferencia de la investigación al sector productivo, principal ente a las Pymes, con parques científicos tecnológicos o incubadoras de empresas.
Será a partir de una nueva ley, plantada en los siempre vigentes postulados de la Reforma de 1918, que comprenda las necesidades y el rol de la universidad autónoma en el crecimiento de la Nación, que los dolores dejaran paso a las libertades.
Gerardo MoralesPresidente Bloque de Senadores Nacionales UCR
