19-12-2008 | Noticias

LO QUE EXISTE EN LA ARGENTINA ES UN PROYECTO DE PODER, NO DE PAIS


Bloque de Senadores de la UCR

Exposiciones de los senadores Morales, Sanz, Marino y Vera en la sesión del día de ayer.

Senador Gerardo Morales

Antes de tratar puntualmente los dos proyectos que estamos considerando, a partir de algunas afirmaciones del miembro informante y del criterio que se ha visto en el bloque oficialista, deseo formular algunas precisiones con relación a la crisis, porque estos proyectos vienen en el marco de una serie de medidas que está tomando el Poder Ejecutivo al respecto.
Desde nuestro punto de vista, el problema de la recesión global que va a afectar al país y que seguramente va a generar problemas en miles de puestos de trabajo para todos los argentinos, claramente tiene que ver con la crisis financiera internacional. Pero para corregir o plantear nuestra disidencia con esta mirada del bloque oficialista, nosotros creemos necesario señalar que también hay factores domésticos o locales que inciden en la crisis que tenemos; y son concurrentes.
No es cierto que estábamos en el mejor de los mundos y que, de repente, vino el mundo y nos afectó solamente por ello. Aquí han pasado cosas: desde hace dos años que no tenemos una conducción económica que defina un rumbo; se ha venido negando la inflación; se ha venido negando la crisis energética; y hemos salido de uno de los factores centrales que fue motor del crecimiento, como lo es la política de un tipo de cambio alto. Hace por lo menos un año y medio que no tenemos una política de tipo de cambio alto que nos permita, como motor de crecimiento, recuperar la economía.
Entonces, entre otras, estas serían algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta situación; a las que habría que sumar la innecesaria confrontación con el campo y con algunos sectores de la economía, y la actitud que ha tenido el gobierno.
Sin embargo, el problema más grave que tiene el gobierno por estas horas, y que se suma a los efectos de la crisis global y a los problemas domésticos que ya teníamos, es la falta de credibilidad.
La aplicación de medidas puede ser más o menos efectiva, en función de la credibilidad que tenga la gente o la sociedad en el gobierno; y la verdad es que el problema que tiene es que la gente no le cree. La manipulación de los datos del INDEC, la cuestión de la inflación, la crisis energética y otras cuestiones, así como ciertos actores centrales que en tuvieron presencia en determinados temas que debatimos este año en el Congreso —como Guillermo Moreno, D'Elía y otros voceros del gobierno—, contribuyeron a este marco de falta de credibilidad en el gobierno.
Esta cuestión nos parece básica. El gobierno debiera reflexionar acerca de cómo recuperar la credibilidad, porque esto también es clave para la economía. Y no sólo tiene que ver con la política sino que tiene que ver con la economía. Y, desde nuestro punto de vista, la manera de recuperar credibilidad pasará por apostar al diálogo y al consenso, ya que aún hay tiempo de convenir las políticas que puedan aplicarse a mediano y largo plazo; es más, el Acuerdo del Bicentenario puede ser una buena oportunidad para acordar acciones.
Claramente se ve al gobierno recuperando —o buscando recuperar— la iniciativa. Y en eso radica la sobreactuación en algunos temas, pues no puede creerse que la señora presidenta tenga que anunciar las canastitas de Navidad —evidentemente fue una sobreactuación—; esa iniciativa tendría que haber sido anunciada por el secretario Guillermo Moreno, por su segundo o, tal vez, por el jefe o el gerente de la cadena de supermercados. En consecuencia, se trató de una sobreactuación que demuestra que el gobierno tiene capacidad de reacción y que quiere recuperar la iniciativa. Pero es responsabilidad de la oposición tratar de poner el punto donde se debe aunque, eventualmente, podamos tener o no la razón.
Con relación a las medidas tomadas por el gobierno, algunas son buenas y otras malas. Y nosotros no somos —como dice Néstor Kirchner— "la máquina de impedir". Todos saben que en el pasado reciente acompañamos la renegociación de la deuda externa y la ley "cerrojo", y que aprobamos leyes proactivas relacionadas con el incentivo a la fabricación de autopartes y de motopartes y el paquete antievasión, entre otras. Por lo tanto, no somos "la máquina de impedir"; simplemente, es nuestra responsabilidad marcar qué medidas son buenas y cuáles son malas, y como sucede con todos los gobiernos, este no es totalmente bueno ni totalmente malo. Pero en este estado de crisis, es bueno que marquemos algunos de los temas acerca de los cuales nosotros —como oposición— queremos que la sociedad argentina reflexione.
Con relación al anuncio de los 111 mil millones de pesos en inversión pública, cuando se repasan las obras a realizarse, puede observarse que hay varias que se replican; algunas hace cinco años que se vienen anunciando. Es verdad que varias se han ejecutado; pero hay muchas que forman parte del gran "combo" de obras que fue planteado en oportunidad del tratamiento del presupuesto. Al respecto, debo decir que esos 111 mil millones de pesos ya estaban asignados en el presupuesto plurianual.
Y en cuanto al anuncio de que el año que viene se ejecutarían 57 mil millones de pesos, ya en el presupuesto figuran 37 mil millones de pesos, por lo tanto, serían 20 mil millones los que se adicionarían. Es por ello que nos preguntamos de dónde se sacará el dinero, porque no es que se aportan más fondos, sino que se trata de dinero proveniente de la recaudación y de la estatización de las AFJP que ya está en el circuito. En consecuencia, preferimos ponerle un poco de calma a la sociedad ante las expectativas que pueda tener.
Nuestra apuesta es que el gobierno pueda ejecutar lo más que pueda. Si el gobierno ejecutara el 30 por ciento de lo que anunció para el año que viene, es decir, 25 mil ó 30 mil millones de pesos, estaríamos mucho mejor, porque veríamos que esos 30 mil millones impactan en la economía real.
Asimismo, hay que tener en cuenta la forma en que ejecuta el gobierno, no vaya a ser cosa que los precios máximos los termine definiendo Julio De Vido. Por lo tanto, habrá que observar cómo se ejecutan las obras y con qué precios.
Creemos que el gobierno tiene dos desafíos que afrontar el año que viene en virtud de este mega anuncio: ejecutar lo más que pueda y hacerlo de manera transparente. Hace aproximadamente quince días también se planteó una inversión de 13.200 millones de pesos. Al respecto, hay 7.500 millones que corresponden a las AFJP y que ya fueron puestos en el sistema financiero; por lo tanto, en todo caso habrá una administración eficiente de la tasa de interés. Es por ello que respecto de ese anuncio, lo que aportará efectivamente el gobierno a la economía serán 3.500 millones de pesos; lo cual está bien, pero no se trata de 13.200 millones de pesos sino de 3.500 millones de pesos.
Los anuncios del Ministerio de la Producción también son buenos. Habrá que ver cómo se instrumentan —es decir, el expertise— y la decisión política detrás de la creación de dicho Ministerio; pero eso se verá con el tiempo. De todos modos, nosotros creemos que es una buena señal. Es decir que en el paquete de medidas hay buenas y malas.
Respecto de los dos temas que estamos planteando, quiero referirme, en primer lugar, a la eliminación de la famosa “tablita” de Machinea. Nosotros ya anunciamos que es una medida proactiva y que vamos a acompañarla. Sin embargo, también habría que darle el marco; hay que instruirle, decirle e indicarle a la señora presidenta que no se trata de una medida que se tomó en otro tiempo y que es regresiva, como ella ha señalado. En todo caso, la verdad es que la “tablita” tiene una lógica progresiva, porque se sostiene en la idea de que paga más quien más gana y sobre la base del impuesto a las ganancias, que es un impuesto naturalmente progresivo. Por el contrario, el IVA es un impuesto regresivo, porque como se paga a través del consumo, es decir que pagan siempre, en la misma proporción, los que más y menos ingresos tienen.
Entonces, tratándose de un impuesto progresivo y de la idea de que paguen más los que más tienen, estamos hablando de que vamos a dejar sin efecto una medida que fue progresiva en otro momento histórico. En 1999, cuando asume la gestión la Alianza, el déficit fiscal estaba en el 4,7 del producto bruto interno y se tomaron medidas que, después de un tiempo, pueden calificarse de buenas o malas; también puede haber un debate en este sentido. La verdad es que la “tablita” se mantuvo dos años en esa gestión y cinco años y medio en la gestión de Néstor Kirchner y de la presidenta, gestión en la que sí se tomaron medidas regresivas.
Al respecto, y con relación a la vigencia de la “tablita”, hay dos cuestiones que aplicó el gobierno kirchnerista que sí eran regresivas. En primer lugar, deseo señalar la cuestión de la falta de actualización. Recuerdo que presentamos varios proyectos en tal sentido. En la medida en que se fue generando la inflación desde 2002, a través del índice CER, y no se actualizaba la “tablita”, se iba impactando en los sectores de más bajos recursos o de menor poder adquisitivo. La falta de actualización fue una actitud regresiva del gobierno. Y otra medida de esta naturaleza fue la eliminación de algunos tramos.
En realidad, puedo señalar que en estos cinco años y medio al gobierno le vino bastante bien la “tablita” de Machinea para la recaudación. Ha tenido un mayor impacto, especialmente, en los niveles salariales más bajos. Recién en 2007, de 36 mil pesos, que era el mínimo, se actualizó a 91 mil pesos. Es decir que se demoraron en la actualización con la cuestión de la mayor recaudación. Entonces, deseo dejar en claro estos temas, señor presidente, porque es bueno que los tengamos a la vista para saber de qué estamos hablando.
Asimismo, quiero hacer otra reflexión sobre esta medida, que es una medida propositiva que va a poner plata en el bolsillo de trabajadores con ingresos mayores a 7 mil pesos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los trabajadores con ese nivel de ingresos ya tienen cubierta la canasta básica, es decir, los gastos esenciales. Entonces, queda siempre flotando la duda de si los pesos —que el Estado, con esta medida, le pone en el bolsillo a este sector de trabajadores formales— van a ir al consumo o al ahorro. No obstante eso, creemos que en este momento —hemos presentado proyectos en este sentido en la Cámara de Diputados— el hecho de impactar en ese sector puede ser una medida proactiva, puede ser que esos recursos que se ponen en los trabajadores vayan al consumo y eso genere una reactivación al mantenimiento del nivel de la actividad económica.
Estamos seguros de que esta medida se podría haber acompañado con otras medidas de incrementos a los sectores de bajos recursos. Por ejemplo, los jubilados. El 70 por ciento de los pasivos cobra 690 pesos. En lugar de darles la miseria de 200 pesos, se les podría haber otorgado una asignación adicional de 500 pesos. Si una persona que cobra 690 pesos, recibe 500 pesos adicionales, todo eso va al consumo.
La verdad es que la medida proactiva que realmente impacta en el consumo, y que entonces evita y le pone un freno o morigera el impacto de la recesión, es la distribución de la plata en los que menos tienen. Aumentar los planes de empleo, mejorándolos de 150 pesos a 500 pesos, también es una medida proactiva que podría haber servido. Además, podrían haber cumplido con el compromiso que hicieron —que se hizo público acá por parte del presidente del bloque oficialista cuando tratamos la fórmula esotérica de la movilidad previsional— de que antes de fin de año iba a haber un aumento para los jubilados.
La verdad es que la plata está, porque ahora el gobierno se está haciendo de los fondos que manejaban las AFJP, entonces, hasta fin de año por lo menos manejará 2.800 millones de pesos. En consecuencia, este monto —que no está contemplado en el presupuesto 2008— se podría haber asignado a mejorar el consumo.
Después, con relación al proyecto que tiene tres títulos, el que recibe la mayor objeción –y que realmente asusta la manera y la convicción con que se plantea que va a generar efectos negativos– es el título III referido al blanqueo de capitales.
Pero en un breve repaso, con respecto a la cuestión de la moratoria, también es cierto que varios gobiernos la han planteado –incluso del radicalismoa–; esta no es la primera que se instrumenta. Y aunque se diga que la moratoria es para resolver la situación de contribuyentes que quedaron enganchados en la crisis de 2001 –lo cual en alguna medida es cierto–, Moroni dijo que ya habían tenido una moratoria en aquella época. Por lo tanto, aunque tuvimos que aclarar la situación en la Comisión, tomamos como cierto el argumento de que había que incluir a algunos contribuyentes que quedaron perjudicados por la crisis.
La verdad es que una moratoria siempre lleva más plata al fisco, así que aunque no lo digan esto le va a permitir más caja al gobierno. Nosotros le preguntamos por esto a Moroni y no nos dio ningún dato, porque dijo “No es nuestra intención recaudar más sino que nosotros queremos beneficiar...”, pero resulta que en el beneficio se va a recaudar más. Así que detrás de esta medida está la intención de hacer caja. Por lo tanto, es una medida fiscalista para hacer caja. Eso que quede claro.
¿Por qué a nosotros nos parece que –tal vez– con algunas modificaciones podríamos haber votado un proyecto diferente de moratoria? Porque esta es una moratoria muy extensa que inclusive deja sin efecto algunas cuestiones que están en la ley del impuesto a las ganancias, como el artículo 37. Por ejemplo, el caso Skanska se encuadra en el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias, ya que se refiere a situaciones en donde las empresas defraudan al fisco mediante la utilización de facturas apócrifas. Así, cuando un gasto no puede comprobarse o directamente se determina su falsedad, tal como lo establece el espíritu y la letra de la ley, se aplica el artículo 37.
Para el caso de 11.200.000 pesos del caso Skanska el contribuyente tiene que pagar el 35 por ciento del impuesto, que es lo que corresponde. Pero aparte se le aplica un 35 por ciento más de penalización cuando se da el caso de las facturas “truchas”, porque se supone que hay un contribuyente sustituto atrás que no aparece. Por ende, al contribuyente sustituto se le dice que como ha pagado una coima, ahí hay alguien que está ganando. Y, entonces, además de la responsabilidad penal, la lógica del Estado es decir “Cobrémosle impuesto también al que recibe la coima” y, en consecuencia, se cobra en ese caso el 70 por ciento.
Ahora bien, tal como está planteada la extensión de la moratoria, además de archivarse la causa penal del caso Skanska , el tema es que van a terminar pagando solamente el 35 por ciento de impuesto. Con lo cual, la gente que está involucrada en el caso “Skanska”, que tienen que contribuir porque hicieron el gasoducto, se verán librados de pagar por lo menos 3.800.000 pesos de una multa por la extensión de la moratoria. En efecto, si se hubiesen corregido estas cuestiones, realmente hubiera sido un proyecto para acompañar.
Con respecto al segundo título, señor presidente, si hubiese estado como proyecto el régimen...Digo que el Título II, referido al régimen especial para regulación del empleo no registrado y promoción y protección del empleo registrado sí es un tema que de haber estado en un texto de ley especial ––a pesar de Néstor Kirchner–– nosotros lo hubiéramos acompañado; y más aún si nos hubieran permitido algún debate porque, verdaderamente, tiene un buen sentido y un buen objeto.
Por lo tanto, como se verá, hay medidas buenas y medidas malas. Y el título III es una medida muy mala. No es cierto que el gobierno de Raúl Alfonsín pusiera en marcha una ley idéntica; no es verdad. No fue una idéntica ley. En su momento, vinieron los técnicos y quien estaba a cargo de la DGI; además de tratarse de otro momento histórico, pues no se había llevado a cabo la reforma de la Constitución de 1994 ni estaba votada la ley de lavado y era un mundo global distinto, donde todavía no habían caído las torres gemelas.
Repito: estábamos en un contexto histórico distinto. Pero la ley fue diferente porque se trató de un régimen de regularización impositiva. No fue una ley de blanqueo sino un régimen de regularización impositiva que planteaba la reliquidación y la autorectificación de las declaraciones juradas. Es más, en el artículo 14 de la norma le quedaba a la DGI la posibilidad de revisar las declaraciones juradas rectificativas y si las diferencias superaban un 10 por ciento de la ganancia o un 15 por ciento del patrimonio, caían todos los beneficios. Y este no es el caso del presente proyecto, porque la AFIP no va a revisar y directamente no se pregunta por el origen del dinero. En ese momento tenía solamente una eximición de responsabilidades tributarias, porque no estaba vigente la ley del lavado ni los convenios internacionales que regulan esta materia. Y al que en ese momento agarraba la DGI, se le cobraba el doble de la tasa como sanción.
Es decir que el anterior era un régimen de regularización muy estricto que tenía muchas cuestiones. Es más, abordaba la cuestión del IVA, porque los que eran contribuyentes de dicho tributo pagaban más y los que no, pagaban menos. Había una serie de situaciones que realmente no tienen nada que ver, nada que ver, con el blanqueo de capitales. Así que para que tengamos esto en claro, porque acá nos tiran con baterías de cuestiones para confundir situaciones, en verdad no se dio nunca la aplicación o el tratamiento de una ley como pretende hoy el Poder Ejecutivo. Así que no tiene nada que ver.
Si vamos al texto de este título, diría que vamos a estar incumpliendo compromisos internacionales que están sostenidos en las leyes. Especialmente, el primero que quiero mencionar es el que ha firmado la presidenta en la última reunión con el G-20. Expresamente, los presidentes de los veinte países se comprometieron a que las autoridades regionales deben revisar las reglas de conducta, para proteger a mercados e inversiones, especialmente de la manipulación del mercado y el fraude, además de afianzar su cooperación transnacional para proteger el sistema financiero internacional de actores con comportamientos ilícitos. Esto lo firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace pocos días.
Entonces, ¿cómo se puede decir que no hay contradicciones? Resulta que el otro día escuchamos a Julio De Vido pegarle a Edelap. Sucede que acá le pegan a la Embajada de Estados Unidos, a los Estados Unidos, pero cuando van allá firman todo. Entonces, esta política bipolar o dual del gobierno la verdad que es un problema. Por eso el conflicto es la credibilidad en el gobierno: acá adentro y afuera.
El gran cuestionamiento del gobierno en el caso Edelap fue por supuestos delitos contables y tributarios, pero resulta que ahora los van a eximir con esta ley. Entonces, cuestionan a Edelap y a la embajada de Estados Unidos por delitos tributarios, pero ahora van a eximirlos. El doble discurso es lo que genera más vacío y falta de credibilidad en la sociedad argentina.
Además, se va a incumplir con convenios internacionales en la materia, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, ratificada por la Ley 25632 el 1/ de agosto de 2002, que habla de la penalización del blanqueo del producto del delito, con sujeción a conceptos básicos de ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 7/ de esa ley habla de medidas para combatir el blanqueo de dinero. Esta es ley vigente, actual. También se va a incumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción. El artículo 14 de la Ley 24759 habla de medidas para prevenir el blanqueo de dinero. Es decir, estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Estas normas que aprueban convenios internacionales, que en algunos casos tienen rango constitucional, tienen una jerarquía que no se puede obviar en este debate parlamentario.
Cuando vino la responsable de la UIF a la reunión de Comisión le preguntamos muchas cosas. También participó la ex titular de la UIF, Alicia López —no tuve oportunidad de escucharla, y recién lo dije, pero el bloque oficialista podría hacerlo, porque es quien más sabe de la cuestión de lavado—; que viene estudiando desde hace bastante tiempo este tema; incluso, instó el trámite y generó el debate en este Senado, para que modifiquemos la ley de lavado y cumplamos con compromisos internacionales que había asumido el país. Entonces, también le hicimos preguntas a esta ex funcionaria.
Se informó en esa reunión que la UIF no tiene capacidad de control. Es una simple oficina que recibe denuncias. Tiene más de cuatro mil reportes de operaciones sospechosas; hay cuatrocientas noventa remisiones a la Justicia, en donde todavía no se ha resuelto ningún caso porque no están los mecanismos de control operativo en el Estado. Si a la ausencia de controles efectivos operativos le agregamos una ley que, para colmo, blanquea todo y que no prevé que se pregunte por algo central, que es el origen del dinero, entonces, estamos en un problema.
¿Cómo que no vamos a convertir al país en un paraíso fiscal? ¿Cómo se puede aseverar que acá no va a pasar nada? Con el tratamiento y la eventual aprobación de esta iniciativa, además de incumplir con veinte recomendaciones —las números 1, 4, 5, último párrafo de la 7 y otras de las 40 que ha firmado nuestro país—, e incumplir algunas de las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo, el problema en todo caso está en que vamos a tener contradicciones con las normas vigentes que acabo de comentar, y que aprueban convenios internacionales, como la ley de lavado —con su última modificación—, que claramente en su artículo 20 obliga a denunciar como operaciones sospechosas todas las operaciones en donde se desconozca el origen del capital. Creemos que la clave está en la cuestión del origen de los fondos. El artículo 32 dice que no estarán obligados a informar a la AFIP, sin perjuicio del cumplimiento de la ley que atiende la cuestión de lavado y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueron adquiridas.
De hecho, todo el artículo es bastante complejo. Por más que quieran dejar en vigencia el artículo 40, quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria, de toda acción penal. Aunque después se aclara que solamente es para la cuestión de la evasión, ¿cómo se hace para determinarlo? ¿Es cierto esto? ¿Cuál es el procedimiento operativo que tiene la AFIP? ¿Cómo hace para determinar que la plata que se tiene en EL Uruguay, en Venezuela o en cualquier lugar proviene de la evasión y no del narcotráfico? Es cierto que hay países que tienen esta legislación. Podemos mencionar el caso de España, que ha sido planteado en la comisión, donde capitales del narcotráfico ruso terminaron comprándose toda la costa de Ibiza. Acá les ponemos un impuesto del uno por ciento para que vengan a comprar las tierras argentinas. Pero ¿quiénes van a comprar las tierras argentinas? ¿Contribuyentes honestos? Testaferros: van a ser los capitanes del narcotráfico.
La verdad, considero muy grave el proyecto de ley que se quiere aprobar. Tiene razón Liliana Negre de Alonso, quien lo ha planteado con énfasis, respecto de lo que está pasando: el hecho de la aparición de la operación de carteles del narcotráfico en el país, el hecho de la aparición del financiamiento de la política en el país. Porque el tema de la corrupción no es de un solo partido o de un solo gobierno: corta transversalmente a todos los partidos. Entonces, si nosotros no establecemos un marco jurídico adecuado, si no garantizamos calidad institucional, si no garantizamos la división de poderes y un Poder Judicial independiente, entonces, estamos mal.
El problema del gobierno nacional es que hace todo lo contrario: respecto de lo que había prometido la presidenta —por ejemplo, que iba a mejorar la calidad institucional—, ha hecho todo lo contrario. Hemos seguido deteriorando el nivel de calidad institucional. La vigencia de la Ley de Superpoderes y la modificación del Consejo de la Magistratura, entre otras normas, van en desmedro de la calidad institucional, garantizando un Estado de derecho donde cualquiera haga que quiera y al que venga la plata de donde sea. Como está la situación de la presencia de la droga en el país, nos vamos a convertir en un paraíso del narcotráfico e, incluso, institucionalizarlo. Estas son las cuestiones más graves que vemos en este proyecto.
Para terminar, digo una cosa más: cuál va a ser la actitud de la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta que están vigentes dos normativas fundamentales. La Ley de Lavado, en su artículo 20,dice que la AFIP está obligada a denunciar como sospechosa toda operación donde no se conozca el origen del capital. Por su parte, en la norma que se quiere sancionar, se exime de declarar el origen de todos los capitales, pero se indica que serían sólo los provenientes de evasión. Suponiendo que eso pudiera hacerlo la AFIP —que pudiera determinar que el origen sea de evasión—, de todas maneras, aunque fuesen por evasión, entra en las generales de la ley correspondiente al delito de lavado. Así lo establecen el artículo 278 del Código Penal, y el 6/ de la Ley de Lavado.
Si bien esa norma hace un detalle taxativo, el Código Penal amplía y determinar como posible delito toda operación sospechosa, en la que no se determine el origen del capital. Así que, desde el radicalismo, lo que vamos a hacer es presentar una denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que obligue a la AFIP a informar a todas las personas, a todos los contribuyentes —personas físicas o jurídicas— que blanqueen sus operaciones sospechosas, porque estarían incursos en el delito de lavado de dinero. ¡Así que tengan ojo todos los que van a blanquear, porque a todos ellos, desde la Unión Cívica Radical, los vamos a denunciar como responsables de operaciones sospechosas! Vamos a ir a la Justicia para que eso ocurra: para que se cumpla definitivamente el la Ley de Lavado y su artículo 20, ya que dicen que con el artículo 40 no se quieren blanquear los capitales que vengan de la criminalidad. Entonces, tendrá que actuar la Justicia. Si el gobierno, como dice, quiere calidad institucional, tendría que acompañarnos en esa presentación.
Esto no va a ser una conspiración en contra de la medida, como por ahí seguramente se va a plantear, porque se podrá tomar la decisión cuando separemos la paja del trigo. Me refiero a qué hacemos con los que han evadido y a qué pasa con ese tipo de repatriación de capitales. Lo cierto es que todo va a tener que ir a la Justicia. Van a tener que ir a mirar bien de qué se trata, porque no se va a saber si es que algún narcotraficante le da dinero a un testaferro, contribuyente argentino, para que lo traiga al país. Este es el problema.
Creo que el desmadre jurídico que genera este proyecto de ley nos va a convertir en un paraíso de la criminalidad y del narcotráfico. Por eso es que rechazamos totalmente este proyecto de ley.
Vamos a ir a la Justicia con toda la fuerza que tengamos. No queremos traicionar a nadie: queremos avisar a todos los contribuyentes que blanqueen que los vamos a llevar a la Justicia.

Senador Ernesto Sanz

Esta tarde ocurrió un hecho institucional grave, del cual están dando cuenta ahora los canales de televisión y respecto del que los periodistas y la sociedad se están empezando a preocupar.
Una sala de la Cámara Nacional de Casación Penal ha liberado a Astiz y al "Tigre" Acosta —dos de los más siniestros personajes que constituyen, de alguna manera, la cara más miserable del proceso del 76 al 83— argumentando solamente que, por el transcurso del tiempo y al no haberse llegado a un juicio oral, han excedido el tiempo previsto en prisión.
Hay mucha gente que se está movilizando en este momento para ver cuál es la respuesta institucional. Yo quiero poner esta situación en conocimiento de mis pares, porque me parece que no deberíamos desaprovechar esta sesión —la última del año— para, por lo menos, emitir un proyecto de resolución que encomiende al procurador General de la Nación, doctor Righi, como jefe de los fiscales, que ese fallo sea inmediatamente apelado. Esto debería servir como una señal institucional que le podríamos dar a un fiscal, porque a la vez, quien tiene que conceder esta apelación extraordinaria ante la Corte es la propia Sala que dictó esta resolución. Entonces, a mi juicio, debería sentir el rigor institucional de la Cámara de Senadores.
Por otra parte, también sería un mensaje institucional a la Corte Suprema, un mensaje respetuoso y que cubra la división de los poderes, pero un mensaje político al fin. Estamos hablando de algo muy grave. Entonces, me parece que mientras continuamos con la sesión y seguimos con los discursos, podríamos redactar algo en este sentido. De esa forma, estaríamos dando una respuesta a gran parte de la sociedad, que cuando escucha estas cosas se indigna.
Con relación al tema de la “tablita”, simplemente ratifico que vamos a acompañar el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Consideramos que está bien que se derogue. Lo que no está bien es que se lo haga demonizando a un funcionario a quien nosotros tenemos el deber —y el gusto— de rescatar, porque pertenece a nuestro partido. Pero además, porque nos parece hipócrita que se lo haya demonizado en la forma en que se lo hizo cuando, en realidad, no estamos derogando la “tablita” de Machinea sino, en todo caso, la de Peirano; porque dicha “tablita” sufrió una modificación sustancial en agosto de 2007, cuando Peirano era el ministro de Economía. A partir de ahí tuvo otra configuración el esquema impositivo. En consecuencia, si se quiere poner las cosas negro sobre blanco, estaríamos derogando la “tablita” de Peirano y no la de Machinea. Asimismo, en otra actitud bastante hipócrita del oficialismo, debo decir que esa “tablita” fue utilizada en beneficio del actual gobierno durante cinco años y medio; y en el medio —creo que fue el senador Alfredo Martínez, de mi bloque, quien por su cercanía geográfica fue fiel testigo de la situación— su uso costó un muerto en Las Heras, Santa Cruz; me refiero al oficial Sayago.
Respecto de los demás temas, me hago eco de algunas de las observaciones efectuadas por el senador Morales con relación a que la eliminación de la “tablita”, que representa 1.300 millones de pesos de costo fiscal; que favorecerá al 2 por ciento de la población económicamente activa, y que verdaderamente no se sabe si lo que pasen a percibir se volcará al consumo. Cuando se habla de un impacto de 1.300 millones en los recursos, creo que más allá de las urgencias bien hubiera valido abrir un debate para analizar las prioridades impositivas. Por ejemplo, nunca discutimos las exenciones actualmente vigentes en materia de impuesto a las ganancias, y las vinculadas con el juego y la renta financiera. Ni tampoco discutimos las cuestiones distributivas —lo cual en este caso sería bueno hacerlo— como, por ejemplo, una rebaja del IVA o un aumento en los planes sociales, jubilaciones y demás. Pero no me extenderé en esos temas, sino que simplemente adelanto que acompañaremos el proyecto.
Con relación al otro proyecto, asumiendo mi obligación como presidente de bloque y teniendo en cuenta que sobre el tema en particular hubo discursos muy sustanciosos, muy profundos y muy certeros, aprovecharé estos minutos —que no serán muchos— para hacer una suerte de balance porque estamos cerrando un año particularmente duro y con muchos conflictos. En consecuencia, me gustaría hacer este balance tomando todo el año cronológico y mirando un poco hacia atrás.
En los primeros meses del año —quizás en los últimos días del año pasado, cuando asumía un nuevo gobierno en la Argentina—, existía un contexto económico internacional favorable que se mantuvo durante todo este período de cuatro años. No se conoció —por lo menos en la historia de este país— un contexto económico internacional tan permanente en el tiempo como el de los últimos cinco o seis años, con los precios internacionales de nuestros productos y de los commodities tocando niveles de récord como nunca en la historia, con un gran clima de negocios, y con una movilización, una dinámica económica mundial y una liquidez monetaria realmente insólitas. Fueron seis meses que lamentablemente en la Argentina no los pudimos aprovechar económicamente por circunstancias que trataré de reflejar muy rápidamente.
Y con ese contexto económico internacional llegamos al último trimestre del año, en el que la situación se dio vuelta y la crisis financiera y económica internacional le trajo una cuota de preocupación al mundo y a nosotros también, que en el caso nuestro fue primero ignorada por nuestros gobernantes, no solamente ignorada, sino ironizada; pero que luego fue, felizmente, asumida por nuestros gobernantes. No podía ser de otra manera porque uno puede ignorar o ironizar cosas banales, pero no una cosa tan profunda como esta semejante crisis mundial que todo el mundo sabe que le va a tocar, viva donde viva.
En el contexto local, me gustaría hacer una profundización sobre cómo empezamos el año 2008. Empezamos el año con un nuevo gobierno en lo político y con nuevas expectativas, con todo lo que ocurre cuando se cambia el gobierno; pero además con un gobierno que asumió con la legitimidad de origen propia de una elección que le dio un poco más del 45 por ciento del respaldo popular. Tenía un nuevo equipo económico —de alguna manera, en la Argentina estas son señales—: era prácticamente una de las pocas áreas que el gobierno cambia del gobierno anterior. Se trataba de un equipo económico con gente joven, nueva, fresca y que traía nuevas expectativas, con algunas medidas de arranque que anunció la presidenta en su discurso de asunción del 10 de diciembre y luego fueron llevadas a la práctica a fines de diciembre y principios de enero, medidas proactivas.
Recuerdo que a principios de febrero de este año vino Martín Lousteau por el tema de la ley de promoción de bienes de capital y nos peleábamos por quién sería la autoridad de aplicación, pero en definitiva todos estábamos de acuerdo en que era una ley proactiva y que tenía que ver con el desarrollo económico.
Deseo señalar que los discursos de la presidenta de la Nación, tanto el de la asunción del 10 de diciembre como el del 1/ de marzo al abrir el período de sesiones del Congreso, son piezas importantes, transcendentes, desde el punto de vista de lo conceptual. Hizo referencia a un nuevo proceso. Una vez leí un comentario de un periódico que decía que la presidenta se hacía cargo de que en los cuatro años anteriores, su marido —el anterior presidente— había sido como un síndico de una quiebra y que ella venía con la empresa saneada a hacerse cargo de la nueva etapa. La señora presidenta lo expresó bien en un discurso a favor de la calidad institucional.
Respecto del año parlamentario que se nos abría en el Congreso, deseo señalar que la verdad es que en los papeles era un año excepcional no sólo por el nuevo gobierno, los nuevos bríos y el nuevo impulso, sino que además se trataba de un año no electoral. Tradicionalmente, sabemos lo que sucede en el Parlamento cuando se trata de un año electoral. Estamos hablando de un año propicio para discutir leyes de fondo. Además, las encuestas demostraban que los funcionarios tenían una imagen positiva por encima del 60 por ciento.
Asimismo, quiero mencionar los socios latinoamericanos nuevos: Brasil, Chile y Uruguay. En este sentido, deseo señalar que hay que leer con claridad el discurso de la señora presidenta. Recuerdo que cuando asumió la señora presidenta, Tabaré había venido, y muchos se preguntaban qué iba a pasar con Tabaré en medio del conflicto de Botnia, en Gualeguaychú. Y la presidenta dio señales para la recomposición de la relación, porque el país, luego de haber mirado tanto a Venezuela, empezaba a mirar a Brasil, a Chile y a Uruguay. Ese era un poco el esquema y nosotros lo mirábamos con mucha adhesión.
También, quiero mencionar los pilares del sistema económico: los superávit gemelos, el fiscal y el comercial. Con relación al tipo de cambio debo señalar que ahí sí había luces amarillas —y algunos dicen que entre amarillas y rojas—, porque ya a principios del año pasado lo del tipo de cambio alto había dejado de ser un pilar, dado que la inflación se lo había ido comiendo y las perspectivas inflacionarias eran mucho más preocupantes. Los precios internacionales, reitero, arriba y, por lo tanto, eso generaba mucha confianza. Este era el escenario de comienzos de año; no más de 10, 11 o 12 meses.
¿Cómo estamos terminando, presidente? ¿Cómo estamos terminando este año con ese escenario? La actividad económica ha caído y lo ha hecho a niveles muy preocupantes. Todos los indicadores de la actividad económica de noviembre lo indican. La producción de autos cayó 28 por ciento con respecto a noviembre de 2007; la construcción 2,4 con respecto al mes anterior; el índice de servicios públicos 2,8, excluyendo telefonía; la producción de hierro y acero 15 y 20 por ciento, respectivamente, con respecto a noviembre último; la recaudación del IVA, 15 por ciento menos que la inflación, lo cual demuestra lo que pasa con el consumo.
Existen muchos más indicadores que no los voy a leer porque no tiene sentido. Son todos indicadores a la baja que demuestran una profunda caída de la actividad económica.
Los precios internacionales han caído a la mitad. De una soja que en medio del conflicto del campo estaba en aproximadamente 600 dólares a la situación actual —no sé en cuánto está hoy o esta semana en 320, exacto. Por otra parte, el tipo de cambio, que de ninguna manera sigue siendo ese pilar sustentable de una política industrial y de recuperación, que lo fue en los primeros años, porque se lo comió la inflación, los costos o la crisis.
Con respecto al escenario político —también hay que hacer alguna mención de cómo estamos terminando el año—, ese escenario de expectativas, de buenos modos, de discursos mirando hacia adelante, de convocatorias y demás, se fue diluyendo durante el año y creo —opinable por supuesto—, que estamos terminando en un escenario de trincheras. Hoy la política en la Argentina es un escenario de trincheras, donde cada uno ocupa una trinchera y en esa trinchera con el casco y con el traje de guerra, ve cómo le va mejor en un escenario muy distinto al de comienzos de año. En este país no hay diálogo, no hay consenso —porque si no hay diálogo, no hay consenso; el consenso es una consecuencia del diálogo—, pero sí hay discusión, que tampoco significa debate —lo he dicho en más de una ocasión—. Debate es cuando luego de una discusión profunda, podemos encontrar. Yo no digo haciéndole el juego a la oposición en todo lo que piden ni mucho menos, soy respetuoso y me doy cuenta, tengo los pies sobre la tierra de lo que significan mayorías y minorías, y este es el juego. Pero cuando fruto de lo que nosotros hacemos acá, semana tras semana con cada una de las leyes, no podemos modificar absolutamente nada y sólo nos limitamos a decir nuestras cosas, eso no es debate sino discusión, que es otra cosa diferente. La verdad es que podemos discutir. Ha habido épocas en el país donde no se podía discutir, pero a nosotros no nos satisface en absoluto: ni diálogo ni consenso ni debate.
Lo más grave de esto es que nosotros vemos que estamos terminando el año con una suerte de retroalimentación de este escenario de trincheras. Hay una escalada de violencia verbal, de la que somos todos partes —quizás hay más responsables que otros, pero todos nos retroalimentamos—. En esa escalada de violencia verbal —tengo la impresión—, cuando uno mira para adelante y ve un año electoral, en vez de retroceder, puede llegar a escalar no sé hasta qué límites. Nos llega a nosotros mismos. Nosotros estamos en estos últimos días —me ha pasado a mí y a algunos otros senadores, que hemos perdido la calma y nos hemos salido de nuestras líneas, y luego hemos tenido que pedir disculpas, yo le he pedido disculpas al senador Ríos por algunas cosas, como también a mí me han pedido disculpas por algunas otras cosas... Pero en realidad es porque nosotros no podemos permanecer ajenos, más allá de que estamos cansados en esta época del año, que es cierto —es verdad— y que estamos irritables —es verdad—, pero somos parte de un país en el cual, esto de las trincheras y la escalada de violencia verbal es una moneda corriente, y esto no es bueno para ninguno de nosotros.
Quiero hacer una reflexión acerca de cómo termina el año parlamentario. Si alguien a principio de año nos hubiera dicho qué temas íbamos a discutir, nadie lo hubiera creído. El año comenzaba con la expectativa de discutir cuestiones de fondo: terminamos discutiendo la resolución 125, el tema Aerolíneas, lo de las AFJP, la movilidad previsional, moratoria y blanqueo. Ese ha sido el año parlamentario. Ninguno de estos temas estaba en la agenda cuando arrancamos el año, ni mucho menos en el discurso de la presidenta, repito, ni mucho menos en el discurso de la presidenta. Es más, en algunos de estos temas, si uno analiza bien las palabras de los discursos iniciales, se va a encontrar con una enorme contradicción, pero bueno, terminamos el año parlamentario discutiendo esto. Habrá quien pueda decir que esta es la realidad y el Parlamento se hace cargo de la realidad. Está bien. Es cierto. Pero hay cuestiones que tienen que ver con una realidad que podía modificarse y me da la impresión de que esto es lo que no se ha hecho y la realidad nos llevó por delante, nos llevó puestos y nos armó una agenda para que termináramos el año discutiendo estas cosas.
Con respecto a los socios latinoamericanos de los que hablábamos. Con Uruguay estamos en la peor de las relaciones. No solo venimos arrastrando el conflicto de Botnia, sino que ahora le sumamos la pelea electoral por el sillón de presidente de la UNASUR. Estamos en la peor de las situaciones.
Con Brasil y Chile estamos bien de relaciones institucionales, pero estos dos países que conforman con nosotros un equipo —o conformaban un equipo o debíamos conformar un equipo— produjeron dos devaluaciones tan profundas en su economía que cuando llega el momento de hablar de la “tablita” de Machinea y que va a hacer la gente de los sueldos mayores de 7.000 pesos, ¿saben una cosa?: llamen a una agencia de turismo y vean las reservas en Brasil y en Chile. Yo de la de Chile puedo hablar bastante porque mi provincia es vecina. En cuanto al Brasil, vean las reservas en aviones, las reservas en cabañas. Todo esto es fruto de la devaluación. Ahora digo: si con socios de esta naturaleza nosotros no nos podemos poner de acuerdo en este esquema, en un esquema de economía concertada, de economía de integración —más allá de que Chile no forme parte del Mercosur—, ¿cuál es el esquema de sociedad que tenemos en Latinoamérica, de qué hablamos? ¿O la sociedad es para hacer un homenaje, como corresponde, a los 30 años del Beagle?, en la cual ––paréntesis–– nos hubiera gustado mucho acompañar a la presidenta porque algo tenemos que ver en la recuperación de la paz con Chile, presidente. Nos hubiera gustado mucho acompañarla porque ¿sabe qué, presidente?, del otro lado, cuando llegó nuestra presidenta sola, con su protocolo, la esperaba Michelle Bachelet acompañada de toda la oposición. Esas son las cuestiones extraeconómicas de las que hablaba Ricardo Lagos y que afuera se notan y se valoran mucho más que en nuestro país.
¿Qué pasó en el medio de ese país, que empezó diferente a como terminó? Tengo para mí que en el medio se rompió el vínculo más importante que liga a cualquier gobierno con cualquier sociedad. Cualquier gobierno y una sociedad, y mucho más un gobierno que unos meses antes ganó por semejante cantidad de votos, tienen un vínculo que no se ve, que no se toca, pero que es poderosísimo, que es la confianza, y la confianza se rompió allá por el mes de marzo o abril con el conflicto del campo y se profundizó en los meses siguientes. Hay quienes dicen que fue la Resolución 125 la que rompió la confianza. Miren: yo trato de ser un poco más profundo. Creo que la Resolución 125 sólo fue el detonante de la pérdida de confianza que hubo en este país. Pero hay algo más que nosotros venimos señalando desde hace tiempo y que por supuesto es opinable, pero que lo defiendo donde puedo porque estoy convencido: el gobierno desnudó que más que un proyecto de país, lo que existe en la Argentina es un proyecto de poder; que son dos cosas diferentes. Esto es lo que ocurrió y la sociedad se dio cuenta de esto.
La diferencia entre un proyecto de país y un proyecto de poder es muy profunda. En un proyecto de país los partidos políticos nacionales, los militantes nacionales y populares ––como le gusta decir a la presidenta–– avanzan acompañados por las mayorías. Si uno ve hoy las encuestas advierte que las mayorías hoy no están acompañando a este gobierno. Ahora ¿quiénes acompañan a este proyecto cuando dejó de ser un proyecto de país para transformarse en un proyecto de poder? Los que están dentro del poder y que van sufriendo algunos desgranamientos porque uno ve en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en otro ámbitos que ese proyecto del oficialismo va sufriendo desgranamientos, y va sufriendo desgranamientos en la política. Yo me tomé el trabajo de leer toda la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados sobre este tema del blanqueo y del lavado. Los discursos más duros han sido de diputados que han acompañado fervorosamente a este proyecto. Hay que leer las cosas que dicen desde la política. Y desde la política también mucha gente ha abandonado este proyecto.
Ayer veíamos —visión patética para nosotros los radicales, visión patética— en ese acto de La Plata a algunos de los ex nuestros. ¡Patéticos! Ese gobernador de Río Negro, ¡patético! Y me hago cargo de lo que digo. ¡Cobarde! ¡Cobarde y patético! Y nos hacemos cargo de lo que estamos hablando en este caso. Una foto que la verdad no le hace bien a la política. Nos encargaremos desde la Unión Cívica Radical de ratificar estas cuestiones porque es una hipocresía, porque hay gente que acompaña al poder —muchos lo tienen en cuenta en esas bancadas— solamente porque se benefician del poder. El día que no puedan beneficiarse del poder muchos oficialistas convencidos verán lo que significa cuando no se acompaña desde la convicción, sino desde la conveniencia.
Otra cosa que hay que ver en el país es la conducta de los empresarios. Cuando los empresarios acompañan un proyecto de país, lo hacen con fuerza, con convicción, se identifican y demás. Ahora bien, cuando de lo que se trata no es de un proyecto de país sino de un proyecto de poder, en el mundo empresario empiezan a ocurrir cosas que, estoy seguro, el oficialismo toma nota de ello. Se producen seminarios, encuentros y en privado todos los empresarios hablan peste del gobierno. Después algunos se muestran, otros ya ni siquiera se muestran, porque el círculo se va cerrando a lo que a mi juicio es la conceptualización de un proyecto de poder y no un proyecto de país.
En ese contexto —bajo a tierra— es que se inscriben las medidas de moratoria y de exteriorización de capitales, blanqueo o lo que fuera. Nosotros creemos que el proyecto de poder ha quedado tan limitado a pocas personas y a pocos protagonistas que, en verdad, esta moratoria y este blanqueo va dirigido hacia esas pocas personas. Nosotros estamos convencidos —podrán esgrimirse todos los argumentas que quieran, los hemos escuchado respetuosamente— de que estas dos medidas son trajes a medidas para protagonistas vinculados al poder, en el caso de la moratoria y en el caso de la exteriorización de dinero. Vamos a estar atentos y vamos a esperar —porque aquí se abre la historia, no se cierra— para ver quiénes son los que en un caso y en el otro se acogen a los beneficios de estas normas, si es que hoy se sancionan como leyes. Vamos a ser muy consecuentes.
No voy a hablar de la cuestión técnica. He aprendido en todos estos años a tener mucho respeto por todos los pares, pero por sobre todo he aprendido a tener respeto por quienes esta misma Cámara ha ido, con el tiempo, respaldando en algunas cuestiones puntuales.
No me animo a discutir una coma con la senadora Sonia Escudero cuando se habla de lavado de dinero. No me animo a discutir una coma con la Sonia Escudero cuando se habla de corrupción internacional, de tratados internacionales y de este tipo de conductas institucionales y de vinculación de la Argentina.
Y digo que no me animo porque durante los cinco años que llevo como senador, la respaldé para que fuera la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y, además, en cada uno de los debates terminamos votando lo que ella informaba con absoluta claridad.
Lo que ella ha dicho esta tarde aquí, a mi juicio, es inlevantable, y nosotros no tenemos una sola coma más que agregar.
Quiero resaltar también las consideraciones jurídicas a las que nos tiene acostumbrados la senadora Liliana Negre de Alonso. Por supuesto que es falible, como todos nosotros. Pero cuando le pone la lupa jurídica a un tema y hace lo que hizo hoy, desgranando las consecuencias jurídicas, yo tampoco me animo a discutirle nada. En ese sentido, más allá de todos los otros discursos de los señores senadores, a los que respeto, he querido rescatar estos dos porque a mi juicio son una columna vertebral de la cuestión central que estamos discutiendo. No tenemos mucho más que eso para decir.
Termino esta última sesión del año esperando que el próximo sea un año en el que podamos sortear el obstáculo profundo de vivir en un período electoral y no terminar, como lo estamos haciendo, en medio de trincheras.
Creo que hay que recuperar un proyecto de país y dejar de lado el proyecto de poder. Pienso que este gobierno tuvo el proyecto de país, o por lo menos quiero pensar que lo tuvo. Nosotros lo acompañamos, desde el rol opositor, en 2003, 2004 y en parte de 2005. Lo acompañamos con las cosas que dijo el senador Morales. Hablando de moratorias, lo acompañamos en el Antievasión I, Antievasión II, Antievasión III. Hablábamos de Alberto Abad y lo elogiábamos como si fuera uno de los propios.
Para recuperar un proyecto de país hay que construir diálogo y consensos. La economía dejó de tener una influencia externa favorable. No la vamos a tener por mucho tiempo. Nos habíamos acostumbrado, pero ya no la vamos a tener.
Ahora, al no tener una influencia externa favorable pasamos a necesitar una influencia interna favorable. Las cosas son diferentes. Reitero, necesitamos una influencia interna favorable.
La economía es expectativa. Perdimos la expectativa favorable este año; la perdimos en el camino. Es opinable también por qué, pero la perdimos; ahí están los números. Y si la expectativa es mala, la economía sigue en un círculo vicioso y no hay medida que lo rompa.
Al contrario, cada anuncio es una señal de debilidad y no de fortaleza. La verdad es que nosotros, ya que tenemos tiempo para reflexionar; tenemos algo que custodiar, que es a la sociedad, que nos está mirando. No sé si todos lo sienten igual, pero por lo menos yo estoy sintiendo que está empezando a mostrar cierta irritación. Otra vez estamos todos en la bolsa; es la política la que está en la bolsa.
Además, algunas noticias como la de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o esto de Siemens no ayudan en nada. La verdad que no ayudan en nada. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos para que la sociedad argentina esté más cerca nuestro.
Por esas razones, no vamos a acompañar el proyecto denominado “Plan Anticrisis”.

Senador Juan Carlos Marino

Sintéticamente, me voy a referir a dos temas: a la moratoria fiscal impositiva y al blanqueo de capitales. Seguramente el senador Morales u otro senador de mi bloque hará alusión a la tristemente célebre “tablita de Machinea”; de Kirchner y de Cristina Kirchner por un año. Es cierto que en el gobierno de 2001, del que me hago cargo —parece que todos los problemas de la Argentina se remiten al 2001; aparentemente no existió un “antes de 2001"—, gravamos con un impuesto que es absolutamente injusto y cuya derogación acompañamos; pero debemos tener en cuenta el contexto en el que se tuvo que aplicar. Para nada hubo demagogia en ese gobierno, porque justamente fijó un impuesto a un electorado clásico del radicalismo: la clase media. O sea que la medida no estuvo fundada en la demagogia; pero no me voy a referir a ese tema.
Como decía, hoy tratamos una serie de medidas. Yo me voy a referir a dos de ellas. Uno puede tildar a la moratoria impositiva como inequitativa; incluso, podemos atacarla desde lo ético. Pero en el caso del blanqueo de capitales, dada la forma en que se lo está planteando, por lo menos puede ser cuestionado de dudosa moralidad. La moralidad es lo que deberíamos rescatar.
Las moratorias históricamente se han aplicado luego de períodos de gran crisis o de estancamiento muy profundo de la economía en la República Argentina. Lógicamente, en esos períodos de crisis nuestro empresariado, justamente por problemas derivados de la situación económica del país, no podía cumplir con sus obligaciones impositivas. Por eso se implementaron sucesivas moratorias en la Argentina. Nosotros consideramos que este contexto ha cambiado notablemente en la Argentina. Venimos de seis años de un crecimiento importante, anunciado por el propio gobierno y palpado por todos nosotros. Salvo raras excepciones, la mayoría de las empresas e industrias argentinas han podido acomodar su situación. Si hacemos un análisis desde lo tributario, podemos decir que los que están incumpliendo con el Fisco seguramente lo hacen porque no han querido regularizar su situación, a pesar de que han vivido un período de bonanza.
Me parece que ha llegado el momento en que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no siempre estamos premiando a quienes se hallan en falta; a quienes son deudores. No podemos seguir premiando a quienes pretenden buscar un beneficio propio o personal por sobre los beneficios del conjunto y, fundamentalmente, a costillas del Fisco nacional.
En la Argentina ha habido alrededor de 88 u 89 moratorias de carácter nacional, y la mayoría de ellas ha tenido dudosa efectividad. Todas ellas, como la que hoy discutimos, perjudicaron esta idea de fomentar la cultura tributaria. Es más; el propio gobierno, la propia Administración Federal de Ingresos Públicos, sacó spots publicitarios en los que se dice —con lo cual coincidimos todos— que se debe exigir facturas, que debemos tener una conducta tributaria; pero hoy algunos quieren votar este proyecto de ley que es prácticamente una contradicción en ese sentido. Las moratorias generan en todos los contribuyentes la sensación de que frente al incumplimiento hay que esperar porque va a venir una medida como la que se va a votar hoy, y seguramente dentro de unos años va a ocurrir lo mismo.
Entiendo que de esta forma le estamos diciendo a los argentinos fundamentalmente que no tengamos cultura de pagar los impuestos porque siempre terminamos en lo mismo: quien cumple; quien se adecua a la ley; quien seguramente relega un montón de cosas para cumplir con sus compromisos fiscales, advierte que el vecino que no lo hace se ve netamente beneficiado. Entonces, algún día en la Argentina tenemos que empezar a premiar a los que cumplen y a castigar a los que no lo hacen.
Además, hay otro tema de mucha gravedad. El artículo 3/ del proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, que se va a convertir en ley si se aprueba hoy, extingue directamente la acción penal que formula la AFIP a los contribuyentes que se acogen a la moratoria.
Además, en esta “media” sanción, tampoco se hace diferencia entre la evasión simple y la evasión agravada, conceptos que están muy bien diferenciados en la Ley Penal Tributaria. Si avanzamos con esto, no les quepa ninguna duda de que estaremos sancionando una amnistía penal para aquellos contribuyentes que han incumplido. Entonces, volvemos al primer ejemplo. ¿Para qué cumplir? ¿Cuál es el premio para el que cumple?
He sido intendente muchos años y siempre me quedó grabado algo: cuando llegaba el vencimiento del pago de los impuestos municipales, los primeros que acudían a pagar el día del vencimiento eran los jubilados, es decir, los que históricamente menos ganaron en la Argentina. Hay algo que nunca perdieron: su condición de cumplir. Criados, quizás, en otro sistema, donde los valores realmente se tenían en cuenta: había obligaciones y compromisos; los que menos tenían eran los que más pagaban.
Como intendente, también tuve que hacer moratorias, pero distintas. Eran moratorias donde aquellos que tenían un poder adquisitivo netamente superior no podían acogerse a este tipo de beneficios. Sí eran moratorias para aquellas personas de muy pocos ingresos que, verdaderamente, tenían esta única posibilidad de poner en orden sus cuentas fiscales o sus impuestos municipales; para el resto, no correspondían.
Presidente: acá estamos premiando a quienes no cumplen con sus obligaciones. Me parece que deberíamos debatir en este recinto que debemos premiar a quienes se han esforzado por producir y cumplir. A aquellos que diariamente le meten todos los días a la actividad privada; a aquellos que producen todos los días; a quienes le ponen el valor agregado, que son nuestros industriales. Nosotros tenemos que hacer hincapié fuertemente en los pequeños productores, así como en los medianos y en los grandes, porque en la cadena productiva, debemos incluir a todos. También debemos contemplar a nuestras empresas, que son las que generan valor agregado y crean los verdaderos puestos de trabajo en la Argentina.
En ese sentido, hay algo que quiero que quede muy claro. Esos fondos que hoy queremos repatriar y blanquear no son de los productores agropecuarios ni de los pequeños y medianos empresarios de la Argentina. En este Senado, cuando debatimos la Resolución 125 —y desde el gobierno— se llenaron la boca hablando de la oligarquía ganadera; de los productores agropecuarios que estaban sentados arriba de una bolsa de plata, que eran los malos de la película que atentaban contra el gobierno, contra la democracia, contra los que menos tienen, la insensibilidad. Me da mucha bronca todo esto. En vez de premiar a esos productores y a esos pequeños y medianos empresarios que son los que todos los días le ponen la cuota que hay que poner para que siga funcionando el país, los castigamos, los subestimamos y los ofendemos. En cambio, a aquellos que se llevaron la plata afuera —que era más fácil—, hoy les vamos a permitir traerla;o no. A lo mejor, no la van a traer. Porque en esto también tenemos que ser absolutamente justos. Si realmente se creara un registro de aquella plata que fuese a volver a la Argentina o de la que está en nuestro país en negro, y tuvieran que justificar cómo la lograron, sería otro esquema. Pero acá nadie justifica nada.
Podemos poner miles de ejemplos, pero citemos uno. Supongamos que hay un narcotraficante en los Estados Unidos que tiene 50 millones de dólares y dice: “Voy a blanquear dinero. ¿A dónde voy? A la Argentina”. Si este proyecto, que cuenta con la sanción de Diputados, se convierte en ley, va a venir acá. Mejor dicho: no va a traer la plata, buscará un testaferro en la Argentina. Juan Pérez —pobre Juan Pérez, que siempre se lo pone como ejemplo— va a pagar el 8 por ciento, o sea que le van a quedar 46 millones de dólares blancos. Dejan de ser negros para pasar a ser blancos. Pero pueden quedar en los Estados Unidos, ni siquiera tienen que venir; y si vienen, también está mal, porque creo que acá vamos a tener otro problema. Si este dinero entra en la Argentina, también va a competir deslealmente con aquellos que tienen el dinero en blanco; porque, con seguridad, como pasó con los alquileres de los campos, con los valores de la tierra, se van a inflar de tal manera que no podrán competir. Porque la plata que se consigue en forma lícita, la plata blanca, la que se hace con el sudor de la frente se invierte de acuerdo con los valores que realmente deben tener. La plata que se consigue del lavado de dinero, de sobornos, de la venta de armas o del narcotráfico se gasta mucho más fácil.
Hay algunas cosas que se han hecho públicas en estos días que creo que es bueno traerlas hoy a este debate. Cuando tratamos el tema del lavado de dinero, resulta interesante citar las definiciones del GAFI, que es un organismos internacional especializado contra el lavado de dinero y al que, por supuesto, la República Argentina adhiere. El GAFI, en uno de los párrafos, textualmente dice que el lavado de dinero es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal. Precisamente, también en los últimos días, se ha conocido una dura nota que este mismo organismo internacional le ha remitido a nuestro ministro de Economía, Carlos Fernández, en la que, por supuesto, se piden explicaciones sobre la medida propuesta y se solicita que se modifique. Así que estamos hablando de un tema que no es menor.
Por otro lado, la FINCEN, que es la red contra los delitos financieros del departamento del tesoro de los Estados Unidos, también cita dos párrafos que son interesante. Dice que el lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que lo produce. Es terrible este informe. Por otro lado, dice: por medio del lavado del dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal.
En la Argentina, a partir de 2002, se puso en funciones la Unidad de Información Financiera para investigar los posibles casos de lavado de dinero, y llevan más de cuatro mil denuncias o presentaciones hechas; en los últimos nueve meses se han recibido casi 900. Son muchos los casos en que se detectaron, al menos, alguna anormalidad, lo que determinó también presentaciones ante al Ministerio Público Federal. Sin embargo, hasta el momento, no se ha llegado a ninguna condena penal, lo que pone de manifiesto la debilidad de este sistema.
El bloque de la Unión Cívica Radical de ninguna manera puede acompañar estas dos iniciativas porque no hacen a la salud de la República ni a la salud de este cuerpo tampoco. Ni quien habla ni los senadores que representamos al bloque de la Unión Cívica Radical queremos ser cómplices de que se permita en la Argentina el blanqueo de capitales de muy dudosa procedencia. Es decir, de argentinos que se lo llevaron afuera porque seguramente no lo podían justificar, porque habrían cobrado algún soborno o alguna coima, porque habrían hecho alguna venta de armas, porque eran dineros que no los podían meter en la Argentina para producir, y no les interesaba. Hoy les vamos a dar el beneficio de que caminen por la calle y que luzcan ese dinero como cualquier hijo de buen vecino. Entonces, no podemos acompañar nosotros este tipo de iniciativas, como tampoco la moratoria impositiva, porque en la Argentina, como dije al comienzo, debemos empezar a premiar al que cumple y a castigar al que no cumple, fundamentalmente, a aquellos que ya tenían un juicio penal tributario avanzado, y lo he visto en mi provincia. Ha sido tapa de los diarios en mi provincia:
el dueño absolutamente irresponsable de un frigorífico mandó a la quiebra varias veces ese frigorífico; no pensó en sus empleados y, por supuesto, menos pensó en el fisco, tanto provincial como nacional. Ese señor, que estaba al borde de que se le aplicara la pena máxima, seguramente, si esto se aprueba, mañana va a caminar por las calles de la provincia de La Pampa como los otros dueños de frigoríficos que cumplen con los requisitos. Así

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